jueves, 20 de noviembre de 2008

Espacios para innovar: tercera edad y cooperativismo


En España, hace tan sólo unas décadas, el número de personas mayores era limitado y su proporción, dentro del conjunto de la población, equilibrada. Sus problemas se solventaban fundamentalmente en la familia. En las últimas décadas, el panorama ha cambiado: se ha producido un rápido envejecimiento de la población, propiciado por un aumento continuado de la esperanza de vida y la reducida tasa de natalidad. El resultado es que el número de personas mayores crece y su proporción, con respecto a las personas en edad reproductiva y laboral, crece también. Se calcula que en el estado español para el año 2020, su número superará los ocho millones, y para el 2050 se habrá duplicado esa cifra: 16,3 millones (31 por ciento de la población). La proyección de la ONU situaría a España, tras Japón, como uno de los países del mundo con la población más envejecida.
Esta tendencia demográfico-social se ve acompañada por otras cifras más preocupantes. Las personas mayores prefieren recibir el cuidado en su propia casa (70,6%), en una residencia pública (9,8%), en casa de una hija (4,8%), en una vivienda o minirresidencia (4,8%), en una residencia privada (2,7%) . A todo esto hay que añadir la falta de viviendas adaptadas. En cuanto a las personas que ejercen el cuidado, un 83 % de los cuidadores de personas mayores dependientes son mujeres que dedican una media de diez horas al día. El 65% de las mismas son mujeres de la propia familia (y más de 360.000 personas son atendidas por inmigrantes procedentes de America Latina). La edad media de los cuidadores es de 52,9 años, un 76,2% son personas casadas, de ellas, el 73,1% no están ocupadas laboralmente, aunque el 44,2% trabaja en tareas del hogar. El 50% de los cuidadores no se pueden dedicar a trabajar a causa del tiempo que requiere el cuidado de la persona dependiente.
El caso andaluz es aún más preocupante. Andalucía se sitúa por debajo de la media nacional en cobertura social a mayores, es decir, en prestaciones de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día para situaciones de dependencia y centros residenciales, según se desprende del VI Informe Foessa sobre 'Exclusión y Desarrollo Social en España' publicado por la Fundación Foessa y Cáritas Española a partir de los datos obtenidos en el Observatorio de Personas Mayores. De dicho informe, divulgado en sus principales magnitudes por Europa Press, se desprende que Andalucía presenta un índice de cobertura en ayuda a domicilio del 3,26, mientras que la media en el territorio nacional es del 4,39. Lo mismo ocurre en cuanto a cobertura de centros de día para situaciones de dependencia y centros residenciales, en los que el índice andaluz se sitúa en el 0,46 y 1,05, respectivamente, frente a la media española, cifrada en el 0,47 y 1,88. Sólo en el capítulo de teleasistencia, presenta Andalucía valores superiores a la media: un índice del 4,61 frente al 4,38 de la media nacional. Por otro lado, el informe señala las "importantes" desigualdades territoriales existentes en España en cuanto a prestación de servicios sociales. Así, frente a los 3,26 puntos que presenta Andalucía en ayuda a domicilio, Extremadura tiene 10, el País Vasco 5,39 y Galicia 2,50. Igualmente, en el índice de cobertura de teleasistencia, se presentan valores tan dispares como los 10,46 puntos de Madrid, 5,39 de Navarra y 1,1 de Galicia.
La cara de este problema son la proliferación de empresas sociales en este espacio de innovación. La atención a la Tercera Edad -sector sociosanitario- es una de las áreas de desarrollo reciente -con ciertos altibajos- del cooperativismo de trabajo asociado. He tenido la suerte de conocer de cerca e investigar algunas experiencias como Claros -con 800 personas, el 83% mujeres-, el Grupo El Yate y otras. Se trata de una confluencia interesante: el cooperativismo como forma de integración social dedicada a la cobertura -también- de otras necesidades sociales. Son empresas sociales en el sentido más pleno de la palabra: por ser cooperativas, por estar constituidas por personas con dificultades para acceder al mercado laboral, por lo misión que tienen y por el compromiso de acción local.